Santo Domingo. El Código Penal aprobado por el Congreso representa un avance para la institucionalidad del país, pero expertos advierten que muchos de sus artículos podrían ser modificados tras ser revisados por el Tribunal Constitucional.
Los juristas Olivo Rodríguez, Miguel Valerio y Patricia Santana, al participar en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, coincidieron en que la pieza contiene aciertos, pero también ambigüedades que generan preocupación.
Rodríguez destacó que el Código fortalece el sistema de consecuencias frente a quienes incumplen sentencias, incluso tipificando como delito la obstaculización de fallos judiciales, lo que puede conllevar sanciones y hasta un año de prisión.
Por su parte, Valerio planteó la necesidad de digitalizar la justicia y de revisar el sistema procesal para agilizar los juicios. Consideró que casos con múltiples imputados dificultan alcanzar condenas y sugirió priorizar procesos más manejables. También opinó que el polémico artículo 310, visto por periodistas como una “mordaza legal”, requiere ajustes de redacción para evitar dudas sobre la libertad de prensa.
En tanto, Santana señaló que algunos artículos resultan ambiguos y excesivamente amplios, como el referido a la discriminación, que no incluye expresamente la orientación sexual y permite invocar la objeción de conciencia, lo que a su juicio neutraliza el propósito de la norma.
Los especialistas prevén que, a diferencia de 2014 cuando la pieza fue anulada por vicios de procedimiento, esta vez solo artículos puntuales serían declarados inconstitucionales, ya que se trata de una ley orgánica aprobada conforme al debido proceso legislativo.
Entre los puntos más cuestionados figura el del cúmulo de penas, que podría elevar las condenas hasta los 65 años de prisión, lo cual, según Rodríguez, contradice el principio constitucional de reinserción social.
